En horas de la tarde de este viernes, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la liberación de los ciudadanos venezolanos, mediante un intercambio de prisioneros con Estados Unidos que involucró la entrega de ciudadanos estadounidenses procesados por delitos contra la seguridad nacional.

Hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, llegaron la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, principal negociador para el intercambio por la parte bolivariana.

«Los fuimos a buscar desde los campos de concentración y los hemos traído sanos y salvo», declaró el presidente Nicolás Maduro al ver el arribo de las aeronaves en territorio venezolano. Asimismo, explicó que, a cambio de la devolución de los connacionales, las autoridades entregaron diez terroristas extranjeros convictos y confesos, agentes de la CIA, que durante los meses de febrero en adelante pretendían ejecutar en Venezuela acciones violentas y asesinato de líderes políticos.

En un primer contacto con las autoridades venezolanas, los viajeros entonaron las notas del Himno Nacional «Gloria al Bravo Pueblo». Asimismo, el ministro Diosdado Cabello denunció que los ciudadanos venezolanos recibieron disparos de perdigones (algunos vienen heridos y con dificultades para caminar) mientras abordaron las aeronaves en territorio salvadoreño.

«El mundo tiene que saberlo. Como él quedó por fuera en esta negociación, jamás nosotros hemos conversado con quien gobierna de manera ilegal… Como lo dejaron por fuera sus jefes, los gringos, y Jorge Rodríguez conversó directamente con el Gobierno norteamericano, se vengaron de nuestros jóvenes», indicó Cabello.

«Como dice Delcy Rodríguez, perdieron el negocio de lo que le iban a pagar por cada migrantes que tenían en el campo de concentración. Si existe alguna justicia, en la ONU deberían abrir una investigación sobre esto. Nosotros vamos a declarar a todos los jóvenes que están llegando», agregó.

En marzo de 2025, el Gobierno de El Salvador anunció la recepción de 238 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos por orden del entonces presidente Donald Trump.

Los acusaron sin pruebas de pertenecer al extinto grupo criminal “Tren de Aragua”, y Washington pagó 6 millones de dólares a cambio. Estos migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad diseñada originalmente para pandilleros, sobre la cual ya pesan denuncias de abusos, torturas y falta de atención médica.

Según reportes, al cumplirse cien días de su llegada a El Salvador, 252 venezolanos seguían detenidos en el CECOT, sin haber sido procesados formalmente ni presentados ante ningún juez. Familiares y activistas describen su detención como un “calvario” de aislamiento total bajo el régimen de excepción vigente en el país centroamericano.

En estas instalaciones, señalan fuentes de la ONU, los presos sufren un “trato particularmente duro”, sin acceso a abogados, representación legal o contacto con sus familias. Organizaciones no gubernamentales y despachos de abogados documentan hacinamiento, castigos colectivos y torturas, además de un franco esfuerzo por mantener incomunicados a los detenidos.

El 5 de junio de 2025, madres y padres de los detenidos realizaron una vigilia frente a la sede de la ONU en Caracas, con pancartas que exigían justicia y liberación inmediata. Foto: EFE

Desde Venezuela, decenas de familias denuncian “desapariciones forzadas” y detenciones ilegales: afirman que ninguno de los jóvenes fue imputado ni presentado ante un juez, y que desde el 15 de marzo no han tenido noticias de ellos ni acceso telefónico o legal.

En una carta pública difundida por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, los familiares insisten en que los detenidos son ciudadanos que ejercían su derecho a migrar “sin vínculos con organizaciones delictivas” y exigen su repatriación inmediata. Subrayan además que El Salvador aún no ha entregado una lista oficial de los detenidos, lo que agrava la incertidumbre sobre su suerte.

En el plano internacional, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por el caso, advertiendo que el destino de estos migrantes podría encuadrarse en la definición de desaparición forzada al no conocerse oficialmente su paradero ni las circunstancias de su detención. Hasta ahora, ni las autoridades salvadoreñas ni estadounidenses han dado explicaciones claras ni han publicado listados oficiales de los reclusos.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha intensificado sus reclamos diplomáticos. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó directamente a Nayib Bukele por la vida y la salud de los venezolanos encerrados en el CECOT, exigiendo respeto de sus derechos humanos.

Aseguró que muchos de estos migrantes habían solicitado regresar al país mediante la Gran Misión Vuelta a la Patria “Vuelta a la Patria” y prometió “buscar hasta el último” venezolano de los venezolanos «secuestrados«.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa del Gobierno venezolano, ha intensificado desde febrero de 2025 sus vuelos de repatriación. Según cifras oficiales, entre principios de año y julio de 2025 el programa acumula más de 7.000 connacionales retornados.