La falta de combustible en Bolivia ha desatado una crisis que afecta a al menos 10 sectores productivos y de transporte, generando protestas, bloqueos y una creciente presión sobre el Gobierno para encontrar una solución inmediata. Agricultores, ganaderos, transportistas y mineros han manifestado su preocupación, advirtiendo que la escasez de diésel y gasolina pone en riesgo sus actividades y, en consecuencia, la estabilidad económica del país.

El agro, el sector más golpeado

Los primeros en alzar la voz fueron los productores agrícolas, representados por la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Agricultores de Cuatro Cañadas, San Julián, Yapacaní y Concepción han alertado que la falta de diésel amenaza la cosecha de granos, clave para la seguridad alimentaria. Como respuesta, algunos de estos sectores han anunciado bloqueos de carreteras desde este lunes, exigiendo una solución urgente.

Los arroceros de Santa Cruz y Beni, junto con ganaderos, avicultores y porcicultores, también han expresado su preocupación, señalando que la falta de combustible afecta la producción y el transporte de sus productos.

El transporte en pie de lucha

El sector del transporte urbano y federado de Santa Cruz ha dado un ultimátum al Gobierno. Según el dirigente Bismark Daza, si no reciben una respuesta hasta el 11 de marzo, iniciarán un paro indefinido al día siguiente. El transporte pesado, que moviliza productos desde el campo hasta las industrias y centros de acopio, también se ha sumado a las protestas. Erlan Melgar, representante de la Cámara del Transporte del Oriente, indicó que al menos 15.000 transportistas se han visto afectados y que, sin diésel, la cosecha de soya está en riesgo, lo que podría impactar en el abastecimiento de alimentos.

Movilización multisectorial y reclamos cívicos

El Comité Multisectorial, que agrupa a sectores gremiales, exportadores y cívicos, ha emitido una declaración exigiendo al Ejecutivo una solución inmediata al abastecimiento de combustibles. En su reciente ampliado en Trinidad, determinaron incluir esta demanda en su agenda de protestas.

Por su parte, el Comité pro Santa Cruz ha convocado a una Asamblea de la Cruceñidad para abordar el problema. En un voto resolutivo, los cívicos exigen la eliminación de trabas burocráticas y la restitución de la venta de hasta 20.000 litros de combustible por surtidor. También demandan transparencia en el uso de los fondos destinados a la importación de carburantes y piden explicaciones al Ministerio de Planificación, al de Economía y a YPFB.

Mineros y autoridades municipales también se suman

El sector minero ha llevado sus protestas hasta la sede de Gobierno, logrando una reunión con autoridades que entró en cuarto intermedio y se retomará este lunes. Aproximadamente 300 cooperativas mineras del norte de La Paz exigen una solución inmediata al abastecimiento de combustible.

A nivel municipal, el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció una reunión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ya que la escasez de diésel ha afectado el funcionamiento de equipos destinados al mantenimiento de los ríos. “Necesitamos combustible para operar nuestras maquinarias y garantizar la seguridad en la ciudad”, declaró Arias.

Propuestas para superar la crisis

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, ha señalado que la crisis del combustible no se resolverá con más créditos externos. Según él, el problema radica en la falta de dólares y en el modelo de subsidios del país.

Antelo ha propuesto tres medidas para enfrentar la crisis:

1. Revisión de la Ley de Hidrocarburos, con miras a actualizar el marco regulatorio.

2. Reevaluación de las normativas sobre sustancias controladas, para facilitar la importación de combustible.

3. Incentivos para la inversión en el sector energético, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a mediano y largo plazo.

Mientras la crisis se agrava y las filas en los surtidores se extienden por varias ciudades del país, los sectores afectados mantienen la presión y las movilizaciones, a la espera de una respuesta efectiva por parte del Gobierno.