La Cámara de Senadores aprobó este domingo, en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción y remitió la norma a la Cámara de Diputados para su tratamiento como cámara revisora.

La Ley 1341, promulgada en 2020, reglamenta la aplicación del estado de excepción en Bolivia y establece límites para el uso de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo. Entre sus disposiciones, señala que los conflictos internos y movilizaciones sociales no constituyen, por sí solos, una amenaza a la seguridad del Estado.

En la normativa actual establecida por la  CPE el Presidente puede declarar el estado de excepción, en todo o parte del territorio, mediante Decreto Supremo en Consejo de Ministros. Debe comunicarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de 24 horas y este órgano  tiene hasta 72 horas para aprobarlo o rechazarlo. Si la Cámara de Diputados aprueba la reforma planteada este fin de semana, ya no sería necesaria la aprobación congresal.

La aprobación debe indicar las facultades conferidas y guardar proporción con la necesidad. La vigencia máxima inicial es de 60 días, prorrogable solo con aprobación legislativa. Terminado el estado de excepción, no se puede declarar otro dentro del siguiente año sin autorización legislativa previa.

 Qué facultades tiene el Gobierno una vez aprobado:

Usar a las Fuerzas Armadas: La Ley 1341 de Estados de Excepción permite al Ejecutivo recurrir a las FFAA para reestablecer el orden, controlar disturbios civiles y adoptar medidas de emergencia.

El Decreto debe expresar expresamente qué derechos se suspenden o limitan, el ámbito territorial, la duración y la cuantía máxima de sanciones pecuniarias.

La Constitución prohíbe suspender en ningún caso: garantías del debido proceso, derecho a la información, derechos de personas privadas de libertad, derechos fundamentalísimos. Dictar medidas de emergencia en materia de orden público y servicios esenciales. El Ejecutivo debe rendir cuentas a la ALP sobre los motivos y el uso de las facultades. Aprobado el estado de excepción, el Gobierno puede sacar militares a la calle, restringir algunos derechos de forma proporcional y dictar medidas de emergencia. Pero no puede tocar el debido proceso, la libertad de información ni los derechos de detenidos.