«El Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país», denunció el canciller Bruno Rodríguez.

En un nuevo paso dentro de su histórica política de hostilidad, el Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 7 de mayo una ampliación de las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, apuntando directamente a pilares estratégicos de su economía.

Bajo el amparo de la reciente Orden Ejecutiva 14404, el Departamento del Tesoro sancionó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), a su directora, y a Moa Nickel S.A., una asociación entre el Gobierno cubano y la firma canadiense Sherritt International.

Esta arremetida busca paralizar sectores vitales como el financiero y el minero-metalúrgico, bajo el argumento de supuestamente proteger la seguridad nacional estadounidense, una retórica recurrente para justificar la injerencia en los asuntos internos de la isla.

La narrativa de Washington insiste en calificar a la gestión estatal cubana como un sistema que genera ingresos únicamente para élites, ignorando deliberadamente el impacto que sus propias sanciones tienen sobre la población civil.

Al bloquear propiedades, intereses y transacciones vinculadas a estas entidades, Estados Unidos refuerza un cerco económico que impide a Cuba acceder a mercados internacionales y recursos básicos.

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El canciller la nación caribeña, Bruno Rodríguez, enfatizó en sus redes sociales que con las medidas adicionales anunciadas este jueves, «el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país».

“Su actuación descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los Gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del Gobierno estadounidense“, agregó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mientras el discurso del Tesoro alega una supuesta preocupación por el bienestar del pueblo cubano, la realidad de estas acciones se traduce en un obstáculo directo para la inversión en infraestructura crítica, como la red eléctrica y el sistema de salud, exacerbando las carencias que luego el mismo Gobierno estadounidense utiliza para cuestionar la viabilidad del Estado cubano.

La Administración de Estados Unidos ha expresado que Cuba es un “Estado fallido“, una tesis que en reiteradas ocasiones ha sido rechazada por el Gobierno de la mayor de las Antillas, quien insiste en que las dificultades económicas, la escasez y los problemas de infraestructura que enfrenta la isla son resultado directo y acumulativo de décadas de sanciones diseñadas para asfixiar al país.

El objetivo declarado de lograr un supuesto “cambio positivo de comportamiento“ constituye un mecanismo de presión injerencista, utilizando la presión económica como arma. Con la advertencia de que habrá nuevas designaciones en las próximas semanas, Washington reafirma la continuidad de su estrategia de máxima presión que prioriza la confrontación sobre la diplomacia y el derecho internacional.

Las medidas coercitivas anunciadas este jueves forman parte de la Orden Ejecutiva firmada el pasado primero de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sanciones dirigidas a más entidades y personas en Cuba, especialmente en sectores como energía, minería y servicios financieros.

La mencionada medida apunta además contra cualquier persona o entidad «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas a la mayor de las Antillas. Esto se sumó a la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que impuso un bloqueo petrolero que afecta significativamente la vida cotidiana de una población que resiste a un prolongado bloqueo imperial, calificado tanto por el pueblo y Gobierno de la isla, como por diversos ciudadanos y organizaciones en el mundo como genocida.