La Fiscalía Departamental de Tarija imputó al senador y exalcalde Rodrigo Paz Pereira por supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en el caso del puente 4 de Julio, popularmente conocido como el "puente millonario".

Junto a Paz, también fueron imputados cinco exconcejales: Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villarroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donoso Zambrana y Alan Echart Sossa, acusados de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 154 del Código Penal Boliviano.

El caso

El proceso fue impulsado por el actual alcalde de Tarija, Jhonny Torres, tras detectar presuntas irregularidades en la construcción del puente 4 de Julio, cuya obra comenzó en julio de 2018, durante la gestión de Paz como alcalde.

El proyecto, adjudicado a la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa), tuvo un costo de Bs 73,2 millones. Inicialmente, el contrato establecía un plazo de entrega de 900 días, con fecha límite del 25 de diciembre de 2020. Sin embargo, se realizaron cuatro modificaciones en el cronograma, extendiendo la fecha hasta noviembre de 2021, sin que la empresa cumpliera con la entrega. Debido a los retrasos, la Alcaldía comenzó a aplicar sanciones económicas y, finalmente, el 12 de agosto de 2022, Torres decidió rescindir el contrato con Convisa.

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, exaliado de Paz, cuestionó el costo del proyecto y afirmó que con el presupuesto del puente 4 de Julio se podrían haber construido al menos tres estructuras similares.

Proceso judicial y medidas cautelares

Tras la investigación preliminar, la Fiscalía formalizó la imputación contra Paz Pereira y los exconcejales, argumentando la existencia de indicios suficientes sobre la presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 221, 224, 154 y 146 del Código Penal, en relación con la Ley 004.

Además, se señaló que la construcción del puente se llevó a cabo en una ubicación no adecuada sobre el río Guadalquivir.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que deberá fijar la fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. Como parte de estas medidas, la Fiscalía ha solicitado la anotación preventiva de los bienes de los siete imputados.