De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Ruiz fue alcanzado por un disparo de arma de fuego en el tórax, presuntamente efectuado por un policía vestido de civil perteneciente al Grupo Terna, una unidad de inteligencia de la PNP que actúa encubierta en operativos urbanos contra personas que cometen “delitos flagrantes”. Sin embargo, testigos aseguran que el joven no estaba vinculado a ningún acto violento y que la acción policial fue completamente injustificada.

El vocero de la Defensoría, Fernando Loza, confirmó el fallecimiento y señaló que se inició una investigación preliminar para determinar las circunstancias y las responsabilidades del caso.

La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático, informó desde el Hospital Arzobispo Loayza que la víctima llegó sin vida y que al menos 14 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

En su declaración pública, la parlamentaria precisó que el cuerpo presentaba una herida de bala en el pecho, información que coincide con la versión preliminar de los médicos.

El suceso ocurre en medio de un ambiente de creciente tensión política. El presidente interino José Jerí, quien asumió al frente del país tras presidir el Congreso, encabeza un Gobierno de derecha que ha sido señalado por diversos sectores como responsable del endurecimiento de la represión.

Su ascenso y el de su Gabinete simbolizan el retorno de la derecha al poder, lo que se refleja en el respaldo del Parlamento a la actuación policial y en el discurso oficial que busca culpar a la izquierda de “infiltrar anarquistas y agitadores” para justificar la violencia de las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, restó importancia al crimen y declaró que la muerte de Ruiz “no tiene un costo político”, lo que desató una ola de indignación entre activistas y movimientos sociales.

Las manifestaciones de este miércoles congregaron a colectivos civiles, sindicatos, gremios de trabajadores, partidos políticos y estudiantes universitarios que exigieron la renuncia del Presidente interino y la disolución del Congreso, instituciones a las que acusan de estar coludidas en actos de corrupción y de legislar en contra del interés popular.

A la movilización también se sumaron organizaciones feministas, que protestaron por una acusación previa de violación sexual contra Jerí, presentada en 2024 cuando era legislador y archivada por la Fiscalía meses después, supuestamente por falta de pruebas.

Las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase “Presidente del Perú José Jerí violador”, en un gesto de denuncia ante la impunidad y la falta de respuesta del sistema judicial.

Jóvenes entre 18 y 30 años se han convertido en unos de los principales impulsores de las protestas, articulando marchas y campañas en redes sociales para exigir justicia y el fin de la represión.